Aunque Uruguay ya cuenta con protocolos para certificar ante la Unión Europea, tendrá un año más para mejorarlos
El Consejo de la Unión Europea (UE) ha decidido otorgar un año adicional a las empresas para que puedan adaptarse a la nueva legislación sobre deforestación, que prohíbe la venta de productos provenientes de tierras deforestadas en los países del bloque.
Este miércoles, el Consejo de la UE adoptó formalmente el acuerdo que extiende el plazo para que las empresas cumplan con la normativa. Esta decisión se tomó para asegurar que las empresas tengan el tiempo necesario para implementar los cambios requeridos por la ley.
Publicación y Entrada en Vigor
Según el comunicado oficial, tras la aprobación de este último paso del procedimiento legislativo ordinario, la modificación del reglamento sobre deforestación se firmará y se publicará en el Diario Oficial de la UE, permitiendo que entre en vigor antes de finales de año.
Fechas Clave para la Implementación
Las nuevas normas comenzarán a aplicarse el 30 de diciembre de 2025 para los grandes operadores y comerciantes, y el 30 de junio de 2026 para las microempresas y pequeñas empresas. "Esto proporcionará seguridad jurídica, previsibilidad y tiempo suficiente para una implementación fluida y eficaz de las normas", afirmó el Consejo de la UE.
Proceso Legislativo
Después de ser aprobado por la Eurocámara, el texto necesitaba la ratificación del Consejo de la UE para su entrada en vigor. Con esta extensión, se espera que las empresas puedan cumplir con los requisitos sin contratiempos.
Uruguay ha implementado varias medidas y políticas para demostrar ante los mercados europeos que su agroproducción no afecta la masa forestal nativa del país. Aquí te detallo algunas de las acciones más relevantes:
Certificaciones Internacionales
Certificaciones de Sostenibilidad: Uruguay ha adoptado certificaciones internacionales que garantizan que la producción agropecuaria cumple con estándares ambientales rigurosos. Estas certificaciones incluyen la Forest Stewardship Council (FSC) y la Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), que aseguran prácticas sostenibles y la conservación de los bosques nativos.
Regulaciones y Buenas Prácticas
Código Nacional de Buenas Prácticas Forestales: El país ha implementado el Código Nacional de Buenas Prácticas Forestales, que establece directrices para la gestión sostenible de los recursos forestales. Este código es supervisado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Ambiente.
Ley Forestal: La Ley Forestal de 1987 y sus modificaciones posteriores han sido fundamentales para promover la forestación en suelos de baja aptitud agrícola, evitando así la deforestación de áreas nativas.
Proyectos y Programas
Manejo Sostenible de Recursos Naturales: El proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales y Cambio Climático (DACC), financiado por el Banco Mundial, ha ayudado a más de 5.000 agricultores a adoptar prácticas de agricultura y ganadería climáticamente inteligentes. Este proyecto ha promovido la gestión sostenible del paisaje en más de 2,7 millones de hectáreas.
Integración de Forestación y Ganadería: La integración de la forestación con la ganadería ha permitido el uso eficiente de los recursos naturales, promoviendo la sostenibilidad y la conservación de los bosques nativos.
Innovación y Tecnología
Sistema Nacional de Información Agropecuaria (SNIA): Uruguay ha desarrollado el Sistema Nacional de Información Agropecuaria (SNIA), que incluye herramientas digitales para la trazabilidad de la producción y el monitoreo ambiental. Estas herramientas mejoran la transparencia y la sostenibilidad de las prácticas agropecuarias.
Compromiso Político y Financiamiento
Fondo Verde para el Clima: Uruguay ha mostrado un fuerte compromiso político para integrar el cambio climático en las políticas públicas. El Programa País de Uruguay para el Fondo Verde para el Clima (GCF) apoya este marco institucional y los procesos de planificación.
Estas acciones demuestran el compromiso de Uruguay con la sostenibilidad y la conservación de sus recursos naturales, asegurando que su agroproducción no afecta negativamente la masa forestal nativa del país.