Tiempo de espera en Garrapaticidas: Ganaderos frenan “lista negra” y reclaman proporcionalidad en las sanciones
- 8 jul
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Sin embargo, persisten dudas sobre la interdicción de 90 días a los establecimientos que remitan ganado con residuos, lo que abre un debate sobre proporcionalidad y justicia en las medidas.
La “lista negra”: un castigo anticipado
Los productores consideraban que la lista negra vulneraba derechos básicos, al sancionar sin defensa previa. “Algo de cordura queda en el Ejecutivo”, expresó Luis Manfredi, presidente de la Asociación Agropecuaria de Salto, tras el retiro de la propuesta.
Interdicción de predios: sanción colectiva
El artículo 137 mantiene la interdicción de 90 días para predios con ganado observado. A diferencia de las sanciones de tránsito —multas por cruzar con roja o suspensión de libreta por alcohol en sangre—, aquí la medida afecta a todo el establecimiento, incluso a animales y negocios no vinculados al error puntual. Los productores cuestionan que sea automática y sin instancias de corrección.
Qué medidas dejarían conformes a los ganaderos
Las gremiales coinciden en tres puntos clave:
Transparencia técnica: resultados de laboratorio claros y posibilidad de contraprueba.
Gradualidad en sanciones: advertencias y protocolos de corrección antes de aplicar interdicción.
Mesa técnica permanente: productores, industria y MGAP revisando procedimientos para evitar arbitrariedades.
Equilibrio entre control y producción
El sector reconoce la importancia de preservar la reputación sanitaria internacional —especialmente frente a mercados como China—, pero insiste en que las sanciones deben ser proporcionales y dialogadas. El desafío es lograr un equilibrio entre control firme y justicia operativa, evitando que un error puntual se convierta en una condena desmedida para todo el establecimiento.
El retiro de la “lista negra” fue un paso hacia la confianza, pero la discusión sobre la interdicción de predios sigue abierta. Los productores reclaman reglas claras, proporcionales y transparentes, que protejan tanto la credibilidad sanitaria del país como la viabilidad de sus empresas.
